En sólo tres pasos, el último no antes de marzo, la oposición, unida y coordinada, puede dejar a Marcos Peña sin el control de la obra pública y los programas de participación pública privada (PPP) que Mauricio Macri le transfirió para empoderarlo con látigo y billetera durante la campaña electoral.

Como en cada vez que cambia la ley de ministerios, el instrumento elegido fue el decreto de necesidad y urgencia (DNU), que cobra validez ni bien se publica en el Boletín Oficial pero debe ser considerado por el Congreso. Y si ambas Cámaras lo rechazan, queda anulado.

Aunque nunca se llegó a esa instancia, este año Macri debió derogar o modificar varios DNUs para que el Congreso no los elimine y siente un precedente peligroso.  Ocurrió con el megadecreto de desburocratización firmado el 10 de enero: por presión de la oposición,  fue reemplazado por tres leyes y sin muchas de sus disposiciones originales.

Peña tomó control de la obra pública mediante un DNU. Desde marzo, la oposición puede unirse y eliminarlo. La mayor polémica es por el manejo de los PPP

Algo similar ocurrió con el fondo federal sojero, que Macri eliminó por DNU en agosto y, para evitar que los diputados abran el recinto para restablecerlo, compensó a las provincias con 4100 millones de pesos y otras partidas presupuestarias. Aun así, un sector rebelde de los senadores justicialistas insiste en votar en contra del decreto y puede hacerlo en la primera sesión ordinaria de 2019, que sería en marzo. 

Con el DNU 1117 ocurre algo similar. La semana que viene se trataría en la bicameral de trámite legislativo, donde la oposición puede emitir su dictamen en contra (el kirchnerismo siempre lo hace), pero si el debate nunca llega al recinto Peña controlará la obra pública sin problemas.

Al menos hasta que un acuerdo entre el justicialismo, el massismo y el kirchnerismo y otras fuerzas menores opositoras (progresismo, izquierda, santiagueños etc.) se las quite, un rejunte que parecía difícil en otras épocas pero se logró para robarle al Gobierno un cargo en la Magistratura. 

Juan Carlos Casas.

La oposición nunca rechaza decretos que implican cambios de funciones, pero en este caso podría revisar esa conducta porque entre los nuevos poderes especiales de Peña está el control de los PPP, cuya implementación es cuestionada por el justicialismo.

Es que si bien las bancadas de Miguel Pichetto y Pablo Kosiner votaron la ley que aplicó ese sistema, en 2016, exigen conocer el costo financiero de los corredores viales licitados y no lo logran.

"¿Cuánto sale un metro cuadrado de ruta por PPP?", consultó Carlos Caserio a Guillermo Dietrich, en la bicameral creada para hacer un seguimiento de las obras bajo esta modalidad. "El costo financiero es del país en cada momento", se escapó el ministro. "Pero los intereses se suman al presupuesto, salvo que no los pagues", lo remató el diputado Diego Bossio.

Otro artículo del decreto es el que le transfiere al Poder Ejecutivo el control de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), creada en 2006 por orden de la Corte Suprema para sanear esa región y sin resultados alentadores. 

La fecha elegida por Macri para publicar el DNU no es casual: hasta marzo, el Congreso sólo puede reunirse a tratar los expedientes pedidos por el presidente y los decretos nunca serán incluidos por la pluma presidencial. 

Desde marzo, la oposición podrá llamar a sesiones especiales, borrar el decreto y devolverle la obra pública a Rogelio Frigerio, con quien los gobernadores mantienen una relación cordial. Podrían retribuirlo.